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El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación: ¡Impactante!

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Esta decisión también afecta a su asistente personal, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El magistrado ha citado a los tres para el próximo sábado a las 18:00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid para notificarles esta resolución. (elprogreso.es)

La investigación se centra en la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Begoña Gómez en Moncloa. Álvarez, quien ingresó en el equipo de Presidencia en julio de 2018, fue designada para gestionar la agenda de la esposa del presidente y coordinar sus actividades profesionales y académicas. Sin embargo, el juez Peinado considera que esta contratación podría haber desviado recursos públicos hacia intereses privados, ya que Álvarez también colaboraba en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por Gómez. (lavozdegalicia.es)

El juez argumenta que la «amistad personal previa» entre Gómez y Álvarez podría haber influido en el nombramiento de Álvarez, sugiriendo que este vínculo personal fue la razón de su contratación en un cargo de máxima confianza. Esta situación podría haber llevado a una «desviación de recursos públicos en favor de intereses privados». (rtve.es)

En su declaración del 20 de diciembre de 2024, Álvarez sostuvo que su trabajo para la cátedra era un «favor» personal a Gómez y que su función principal en Moncloa era gestionar la agenda de la esposa del presidente. Álvarez afirmó que su labor en la cátedra era secundaria y que su tiempo estaba dedicado principalmente a funciones oficiales e institucionales. (lavozdegalicia.es)

La decisión del juez Peinado de enviar el caso a juicio ante un jurado popular ha generado diversas reacciones. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó su «tranquilidad absoluta» ante la exposición razonada dirigida al Tribunal Supremo por el juez Peinado para imputarle en el caso de Begoña Gómez. Bolaños calificó la resolución de «errores de bulto» y manifestó su «confianza plena en la justicia». (heraldo.es)

Por otro lado, el Tribunal Supremo desautorizó al juez Peinado y rechazó investigar al ministro Bolaños por malversación y tráfico de influencias relacionados con el caso de Begoña Gómez. La Sala Penal del alto tribunal archivó la petición del juez, destacando la ausencia de indicios suficientes y la falta de individualización de una conducta delictiva por parte del ministro. (elpais.com)

La investigación también ha afectado a otros miembros del Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la multa de 5.000 euros impuesta por el juez Peinado al abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, por hablar con la prensa tras la declaración de su clienta. El TSJM consideró que no hubo pruebas suficientes de que las declaraciones infringieran el secreto sumarial y defendió la libertad de expresión, especialmente en casos de interés público. (elpais.com)

Además, el juez Peinado ha imputado a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Esta imputación se suma a otras investigaciones ya abiertas contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. (huffingtonpost.es)

La decisión de enviar el caso a juicio ante un jurado popular es un paso significativo en la investigación y podría tener implicaciones políticas y judiciales importantes. Se espera que el proceso judicial aclare las responsabilidades de los implicados y determine si existió una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados.

La sociedad y los medios de comunicación siguen de cerca este caso, que ha generado un amplio debate sobre la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de los cargos públicos en el uso de estos recursos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Es importante destacar que, aunque la decisión del juez Peinado es un paso en el proceso judicial, aún queda por determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados. El juicio ante el jurado popular será el escenario donde se presenten las pruebas y se escuchen los argumentos de la defensa y la acusación, permitiendo que sean los ciudadanos quienes decidan sobre la responsabilidad penal de los acusados.

Este caso subraya la importancia de la independencia judicial y el derecho a un juicio justo, principios fundamentales en cualquier democracia. La sociedad espera que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

En resumen, la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre por un presunto delito de malversación ante un jurado popular marca un hito en la investigación y podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial. La sociedad y las instituciones deben seguir de cerca este proceso para garantizar que se haga justicia y se mantenga la confianza en las instituciones públicas.